Desarticulada en Castellón una red que organizaba matrimonios de conveniencia
Los arrestados cobraban unos 10.000 euros a los inmigrantes, en su mayoría nigerianos, por gestionar su boda con un español
Esta red habría celebrado más de 400 enlaces de este tipo desde 1.999
Algunas uniones se realizaban sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español, a quien usurpaban su identidad
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Castellón una organización dedicada a organizar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros, procedentes en su mayoría de Nigeria, con la finalidad de que éstos obtuvieran una autorización de residencia en España. Los 21 detenidos cobraban unos 10.000 euros a los inmigrantes ilegales por gestionar los llamados matrimonios 'blancos', según han informado hoy fuentes policiales.
Los investigadores estiman que esta red habría celebrado más de 400 enlaces de este tipo desde 1.999, muchos de ellos sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español, a quien usurpaban su identidad, según han explicado las mismas fuentes en un comunicado.
Los detenidos -cinco de nacionalidad nigeriana y 16 españoles, entre ellos dos jóvenes menores de edad- están acusados, según los casos, de delitos de asociación ilícita, usurpación del estado civil, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y bigamia.
La organización habría celebrado este tipo de matrimonios en Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Almería y Murcia.
La operación, denominada 'Níger', ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Castellón, y ha contado con la colaboración de los obispados de Tortosa y Segorbe-Castellón.
Falsificación de documentos
Los miembros de la organización captaban a españoles dispuestos a casarse con individuos de nacionalidad nigeriana, en situación irregular en nuestro país, a cambio de una compensación económica que oscilaba entre los 2.500 y 3.000 euros. El cabecilla del grupo se encargaba de conseguir la documentación necesaria para formalizar los enlaces.
Los inmigrantes pagaban unos 10.000 euros por la gestión de esos matrimonios que les permitirían obtener su residencia legal en España. La red se quedaba con unos 7.000 euros y el resto era para el contrayente español, que recibía por adelantado 500 euros.
El cabecilla de la organización era también el encargado de falsificar todos aquellos documentos que no fueran obtenidos por los contrayentes españoles o por los ciudadanos nigerianos, llegando a falsificar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos de ellos con filiaciones obtenidas de documentos perdidos o sustraídos.
